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PREPONDERANCIA
DEL PAPEL DEL GOBIERNO LOCAL EN LA NEGOCIACIÓN DE UN "NUEVO CONTRATO
SOCIAL" (José Gpe. Vargas Hernández, M.B.A.)
Una estrategia alternativa para contrarrestar y revertir la actual
tendencia de la globalización, sostienen algunos autores, entre
ellos Korten (1995), es la creación de comunidades locales autogobernables
centradas en negocios locales. En el escenario local, dice Boisier
(1988) se optimiza la participación individual, pero resulta ser
demasiado estrecha para la acción colectiva, justamente lo que la
tendencia globalizadora requiere para profundizar su modelo neoliberal
de desarrollo centrado en los intereses individualistas. Los grandes
actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes.
La acción colectiva y la cohesión comunitaria dependen más de lazos
interpersonales débiles que de lazos interpersonales fuertes los
cuales incrementan la cohesión de quien es parte del grupo y la
exclusión de quien no lo es. El pobre confrontó al rico con un problema
de acción colectiva: cómo crear arreglos colectivos para controlar
los efectos externos de la pobreza, al mismo tiempo que prevenir
que otros ricos obtengan ganancias de sus acciones sin contribuir,
(De Swaan Abram, 1997)
Los negocios locales proveen empleo a la gente local, quien pagan
los impuestos locales para mantener la infraestructura pública y
para la provisión de los servicios públicos y sociales, que confronte
los estándares del medio ambiente y los sociales, que participen
en la vida comunitaria y compitan justamente con negocios similares
en mercados que no tienen jugadores dominantes. Lo que existen son
opciones, no tanto alternativas, a la economía capitalista. La economía
capitalista del mercado tiene un carácter social. No obstante, en
vez de exclamar pasivamente que no existe ninguna otra alternativa,
se tiene que reconocer que se puede tener el control y la influencia
para dar forma al futuro, a través de acciones, ideas y la política.
Además, es necesario promover la gestión de proyectos de desarrollo
con una fuerte base comunitaria que generen oportunidades de acceso
a los recursos por parte de los excluidos y que fortalezcan su responsabilidad
para evaluar sus propias necesidades prioritariamente por sobre
sus deseos o preferencias. Igualmente, para la utilización de otros
medios que eleven sus condiciones de vida Los servicios públicos
que pueden ser proporcionados localmente a los ciudadanos o consumidores,
les proporcionan también oportunidades para involucrarse y para
responsabilizarse mediante mecanismos de competencia y colaboración.
La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante
de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual
se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad
de la participación política. Tal vez, frente a la fuerza de la
tendencia globalizadora, este proyecto alternativo resulte demasiado
idealista y romántico. La Nueva Derecha ha inspirado las reformas
a los servicios públicos introduciendo los conceptos de apoderamiento
de los consumidores o usuarios, quienes toman decisiones con base
en elecciones racionales.
Sin embargo, el gobierno local tiene un papel crucial en las negociaciones
de un "nuevo contrato social" entre el Estado, el mercado y la sociedad
civil. La autonomía de los gobiernos locales es relativa y siempre
se encuentra en conflicto con los demás niveles de gobierno. Desafortunadamente,
los gobiernos locales no reconocen su responsabilidad como agentes
del desarrollo en la toma de decisiones relacionada con la sociedad.
Los ideólogos defensores de las ONG's (Resumen Latinoamericano,
2001) contraponen el poder local al poder estatal argumentando que
éste se encuentra distante y con intereses distintos al de sus ciudadanos.
Es además autónomo, arbitrario y ejercido por una clase dominante
y explotadora.
El poder local, sostienen, responde directamente a la ciudadanía
porque está más cerca. Estos argumentos justifican las acciones
de las organizaciones no gubernamentales como intermediarios entre
los organismos multinacionales y organizaciones transnacionales
patrocinadores y los gobiernos locales afectos al libre mercado
para fortalecer los gobiernos neoliberales. Sin embargo, las ONG's
no rinden cuenta de sus actividades a las autoridades locales o
nacionales con lo que socavan la soberanía y la democracia de los
pueblos y la sustituyen por la soberanía consumidora que deja al
mercado las principales decisiones en materia de oportunidades de
desarrollo para los ciudadanos. Los actores políticos que persiguen
la estrategia de consolidación apuntan a la excesiva polarización
del proceso político, mientras que aquellos que descansan en puntos
adicionales del veto experto no están obviamente satisfechos con
el resultado de la toma de decisiones democrática en una escala
más general.
El gobierno local está involucrándose cada vez más en un fuerte
y persistente apego al concepto de autosuficiencia y autonomía.
La autonomía del gobierno local es siempre relativa, no absoluta,
y por lo mismo siempre se encuentra en conflicto con los demás niveles
de gobierno. El gobierno local ha sido relegado a una política de
descentralización que limita la reforma del Estado y a ser los ejecutores
de políticas y decisiones que se toman en otros niveles del centro
del Estado.
La descentralización tiene como objetivos aumentar el poder, la
autonomía de la decisión y el control de los recursos, las responsabilidades
y las competencias de las colectividades locales, en detrimento
del poder del poder de los órganos del gobierno central (Mattos,
1990:165-167). . De hecho, las transformaciones en las competencias
y funciones del Estado nación ha dado lugar a que también se presenta
una nueva formulación de competencias y funciones en los demás niveles
de gobierno, sobretodo los locales y municipales.
La reconstrucción territorial que privilegia al gobierno local en
la determinación autónoma de espacios de decisión pública de abajo
hacia arriba, tiene que promover la corresponsabilidad de las competencias
en la gestión pública en los diferentes niveles de gobierno y en
la concertación de proyectos conjuntos de desarrollo entre los sectores
público y privado.
El gobierno local no reconoce su responsabilidad como agentes promotores
del desarrollo en la toma de decisiones relacionadas con la sociedad.
La gestión pública es un factor importante en las decisiones que
fortalecen o debilitan las acciones gubernamentales. Esto entre
la mayor parte de los líderes de los grupos representados en los
consejos (Leach et al, 1994), a pesar de que no todas las decisiones
pueden ser descentralizadas a las instancias de poder local.
Los gobiernos locales constituyen las instancias más próximas a
la ciudadanía y tienen una función importante como agentes del desarrollo
económico y social de las localidades en la dinámica de una economía
globalizada. El desarrollo económico regional es descrito por Tarapuez
Chamorro (2001) como "una serie de incrementos en el volumen de
las operaciones económicas, es decir, en el producto agregado y
en el ingreso total, entendidos éstos como el valor de la suma de
lo producido en las diferentes actividades económicas...y como la
suma total de los ingresos generados para quienes participan en
esas actividades". La economía regional se encuentra limitada por
la misma estructura económica, las políticas macroeconómicas nacionales
y los procesos de globalización económica.
El nuevo gobierno local, de acuerdo a la Unión Iberoamericana de
Municipalistas (DHIAL, 2001), "reivindica el trabajo en equipo,
visión y estrategias conjuntas, democracia de deliberación, participación
ciudadana, fortalecimiento de las capacidades del gobierno local
para abordar los problemas de desarrollo, el rescate de la metodología
de la planificación popular y de seguimiento y rendición de cuentas".
En la agenda del gobierno local, su reinvención política se expresa
en la urgencia por promover las competencias del municipio en materia
de promoción del desarrollo mediante políticas que articulen los
esfuerzos locales con los esfuerzos nacionales. El gobierno municipal
puede establecer determinadas reglas del juego en el ejercicio de
su autonomía, la cual, de acuerdo a Ruíz Blanco (1993: 120) comprende
"la elección de sus propias autoridades (autonomía política); la
libre gestión en las materias de su competencia (autonomía normativa);
la creación y recaudación de impuestos (autonomía tributaria) y
la inversión de sus propios ingresos (autonomía administrativa)".
De acuerdo a Cabanellas (1979:423), la autonomía política se refiere
a la potestad que tiene el municipio para elegir sus propias autoridades
y para dirigir sus asuntos de acuerdo a sus propias leyes. La autonomía
administrativa se refiere a la libre gestión en los asuntos que
competen al municipio. La autonomía financiera o fiscales refiere
a la potestad que tiene el municipio de dictar sus propias normas
de creación, recaudación e inversión de sus ingresos.
El fortalecimiento de los gobiernos municipales requieren de una
mayor autonomía financiera y administrativa, la participación ciudadana
y de la sociedad, el manejo eficiente de sus recursos, proyectos
intergubernamentales e interinstitucionales, etc. La autonomía municipal
se clasifica en política y administrativa. Es autonomía política
la que se refiere directamente al ejercicio del poder de elegir
y gobernar y la autonomía administrativa se refiere al funcionamientos
de las organizaciones.
La participación política de la ciudadanía en los gobiernos locales
no debe reducirse exclusivamente a la elección de representantes.
En general, los ciudadanos participan poco o son indiferentes en
los asuntos políticos, no se identifican con el juego de la política
ni con políticos o partidos políticos a los que desdeñan y en ocasiones
desprecian. La inviabilidad e incapacidad de los gobiernos municipales
para alcanzar y mantener la gobernabilidad puede ser alcanzada mediante
el desarrollo de redes voluntarias e informales de solidaridad en
programas de participación local, de tal forma que se mantenga un
equilibrio entre gobernantes y gobernados.
Pueden asumir la responsabilidad de la institucionalización de una
política social y de servicios públicos que estén menos centralizados.
Pueden participar en decisiones de gestión pública local, tales
como el gasto público e inversiones, así como en la obtención de
fondos e ingresos presupuestales. Con la descentralización, los
municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración
de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades
de las localidades. La gestión pública local es un factor importante
en la toma de decisiones que fortalecen o debilitan las acciones
gubernamentales.
Para que la política social, al igual que todas las políticas públicas,
sean incluyentes y orientadas al desarrollo humano, requieren de
la democracia como plataforma para los procesos de toma de decisiones.
La inestabilidad de las instituciones y la crisis de gobernabilidad
de los sistemas democráticos, limitan los alcances de sus programas
de desarrollo humano. El concepto de desarrollo humano es un concepto
intrincado al de buen gobierno.
El desarrollo humano se manifiesta en el espacio del desarrollo
local como la expresión del capital social que resulta de la participación
de todos loas agentes económicos y actores políticos en los diferentes
procesos de decisiones. De acuerdo a Lechner (2000), el análisis
de la dialéctica de la individualización y socialización subyacente
al desarrollo humano, conceptualiza el capital social como la "trama
de confianza y cooperación desarrollada para el logro de bienes
públicos". Se tienen que considerar los factores contextuales como
variables que intervienen, las cuales engrandecen o disminuyen el
rango de alternativas que los actores políticos piensan están disponibles
para las situaciones de la toma de decisiones.
Los actores políticos que persiguen la estrategia de consolidación
apuntan a la excesiva polarización del proceso político, mientras
que aquellos que descansan en puntos adicionales del veto experto
no están obviamente satisfechos con el resultado de la toma de decisiones
democrática en una escala más general. Tanto los actores económicos
como los sociales y los políticos estratégicos aprovechan las estructuras
de poder para ejercer influencia en los procesos de decisiones que
les favorecen. En esta forma, se filtran a través de las percepciones
del medio ambiente de los actores políticos.
El desarrollo local debe pivotar sobre la base de interacciones
comprometidas y solidariamente comunitarias, continuas y activas,
más que por la simple contigüidad física y geográfica. El diseño
e implantación de programas de desarrollo local integral tiene que
considerar la pluralidad e inclusión de los intereses de los agentes
económicos y actores políticos, a efecto de establecer acuerdos
y compromisos, así como coordinar los esfuerzos de todos en forma
eficiente.
El concepto de espacio ha evolucionado de su mera caracterización
territorial y física a una conceptualización más abierta y dinámica.
Es en el ámbito espacial global en el que se expresan los diferentes
fenómenos de la globalización en una forma contextual fragmentada.
Los procesos de globalización están acelerando la desterritorialización
del Estado nacional para dar lugar a nuevas formas de organización
espacial geopolítica y geoeconómica.
De acuerdo a Arellanes Jiménez (2001) este nuevo concepto de espacio
es "dinámico, abierto, cambiante, flexible y multilineal e histórico
que se va aplicando a diversas circunstancias, coyunturas, cambios,
actores, sujetos y relaciones." Los tomadores de decisiones y los
formuladores de las políticas públicas deben descentralizar las
operaciones de los programas para llevar los servicios lo más cercano
a la gente que tiene que ser servida. Además, deben saber como garantizar
la rendición de cuentas y buena práctica, a través de las diferentes
unidades de servicio en unidades dispersas.
Los gobiernos locales tienen una importante función para alentar
la participación de la ciudadanía a través de la formación de comités
y otras actividades. Pero habrá que diferenciar de los comités y
algunas organizaciones comunales que reciben la transferencia del
poder para ejercerlo en forma destructiva en contra de la ciudadanía,
sobre todo en los regímenes totalitarios. Reinventar la política
del gobierno local implica "superar las dificultades aparecidas
con la introducción en algunos gobiernos locales de tendencias orientadas
al gerencialismo-tecnocrático que subestiman a la política de la
ciudad como factor imprescindible en la resolución de problemas"
(DHIAL, 2001). Las administraciones de los gobiernos locales tienen
varios retos importantes que se reflejan en dos tendencias: el creciente
énfasis en la participación de la comunidad en la formulación de
las políticas y en la solución de los problemas, así como en la
creciente necesidad de medir el desempeño y demostrar los resultados.
Santa-Ana Godoy (2000) argumenta que "En el nivel local nos encontramos
en un escenario en que el municipio no cuenta, salvo unas pocas
excepciones, con los recursos necesarios para cumplir eficientemente
con sus funciones. Los municipios necesitan de políticas que articulen
sus esfuerzos a los esfuerzos de la federación.
El municipio tienen el atractivo de la producción y prestación de
servicios a la ciudadanía y en materia de desarrollo económico tiene
que satisfacer las necesidades y demandas de los agentes económicos.
Sin embargo, se presentan problemas que trascienden el espacio territorial
de los municipios, cuyas soluciones requieren de esfuerzos conjuntos
con otros municipios. En formas muy diversas de colaboración, cooperación
y asociacionismo de recursos y esfuerzos entre los gobiernos locales
y otros agentes económicos (empresas, sociedad civil, individuos,
etc.) y actores políticos (partidos políticos, gobiernos municipales,
etc.), se puede impulsar el desarrollo de las localidades.
La capacidad reguladora y fiscalizadora es insuficiente, los recursos
humanos disponibles están aún insertos en un sistema estatutario
inflexible que impide readecuaciones y sus limitaciones restringen
los intentos de atraer cuadros directivos o gerenciales mejor calificados
para llevar a cabo las modernizaciones que se reclaman. No obstante,
mientras se carezca de una teoría de cambio institucional y desarrollo
de las capacidades del Estado, los cuadros tecnócratas tan afectos
a las corrientes gerenciales estarán en boga.
Los actores políticos pueden inventar nuevas estrategias para adaptarse
a los cambios de reglas y las instituciones son parte de una configuración,
donde un cambio hecho en una institución puede tener efectos impredecibles
y no esperados en otros. Si nuevos problemas ocurren o nuevos actores
políticos entran al juego, la adaptación es preferida sistemáticamente
ala reforma, lo que significa que no nuevos puntos de veto son institucionalizados,
lo cual cambiará considerablemente la posición del sistema político
en el continuo mayoritario-negociación.
La normativa legal y reglamentaria vigente se contrapone abiertamente
al nuevo paradigma de democracia con eficiencia, conocido como Democratista
y Eficientista del aparato municipal, predomina en cambio el carácter
de la desconfianza en el accionar de políticos, gerentes, administradores
y proveedores de servicios municipales". Los municipios necesitan
de políticas que articulen sus esfuerzos a los esfuerzos de la federación.
La redefinición de las funciones de los gobiernos municipales requieren
del compromiso de servidores públicos capaces de formular e instrumentar
estrategias de desarrollo a largo plazo.
Para superar parte de estos problemas, una nueva territorialización
es conveniente a efecto de que mediante el la formación de asociaciones
que mancomunen los recursos y esfuerzos de varios municipios, se
formalicen propuestas concretas de desarrollo mediante la creación
de instrumentos de apoyo a la gestión municipal acorde al desarrollo
regional mediante la promoción de un nuevo paradigma centrado en
el desarrollo científico y tecnológico, la impulsión empresarial,
el cuidado del medio ambiente y la profundización de los procesos
de descentralización gubernamental.
La gestión pública local requiere de una delimitación de la estructura
territorial para aprovechar las ventajas de las negociaciones y
estrategias del asociacionismo. Sin embrago, los procesos de desterritorialización
en que avanza la globalización económica prácticamente eliminan
el espacio geográfico para dar mayor importancia a los agentes y
actores del desarrollo. Pero no todos los agentes del desarrollo
están incluidos en esta tendencia, sólo los empresarios y las asociaciones
civiles no gubernamentales que relevan al Estado en su función impulsora
del crecimiento económico regional para garantizar el desarrollo
regional equilibrado.
La estructura espacial delimitada por territorios con fronteras
físicas y geográficas definen el tipo de interrelaciones entre las
diversas entidades geográficas y las diferentes unidades de gobierno.
Estas nuevas formas de asociacionismo de municipios para la producción
y entrega de servicios públicos, trascienden la división política
misma para en contar soluciones conjuntas a problemas similares
en forma más efectiva y mediante la generación de economías de escala,
dadas las limitaciones espaciales, de capacidades y de recursos.
La redefinición de las funciones de los gobiernos municipales requieren
del compromiso de servidores públicos capaces de formular e instrumentar
estrategias de desarrollo a largo plazo. Los municipios orientan
su desarrollo económico en función de las estrategias del mercado,
por lo que la satisfacción de los requerimientos y demandas de los
agentes económicos tiene como finalidad incrementar la competitividad
mediante políticas que articulen los esfuerzos locales con los nacionales,
y estos a su vez con los globales.
Existe la falsa percepción de que el desarrollo comunitario no depende
de la proposición de las medidas económicas, sino en la creencia
de que las medidas propuestas puedan ser implementadas sin ninguna
resistencia interna. Los gobiernos locales constituyen la jurisdicción
más cercana a las personas, quienes frente a oportunidades significativas
pueden proporcionar el liderazgo para involucrar a la ciudadanía
en la formulación e implementación de políticas y decisiones.
La inviabilidad e incapacidad de los gobiernos municipales para
alcanzar y mantener la gobernabilidad puede ser alcanzada mediante
el desarrollo de redes voluntarias e informales de solidaridad en
programas de participación local, de tal forma que se mantenga un
equilibrio entre gobernantes y gobernados. Sin embargo, en la realidad
todos los aspectos de la ciudadanía se supeditan a los programas
de crecimiento económico y recaudación fiscal municipales, mediante
políticas que articulen los esfuerzos locales con los nacionales.
Las redes sociales y la interacción constituyen una parte esencial
en cualquier modelo de coordinación de servicios sociales, especialmente
cuando la tendencia del estado es desatenderse de estos servicios
que antes aseguraba. El desarrollo de las redes sociales están determinadas
por un desplazamiento existente de las relaciones fuertes, permanentes
y estables por otras más débiles, flexibles y pasajeras. La centralización
de la provisión de bienes y servicios públicos limita la eficiencia
en la asignación en función de las preferencias colectivas y en
el uso de los costos de transacción. El centralismo favorece el
desarrollo de ciertas áreas y zonas regionales pero descuida otras.
Para la determinación de los costos de transacción se deben de considerar
desde la perspectiva de todas las partes involucradas, en donde
todos tengan posibilidades reales de obtener ganancias. En la provisión
de bienes y servicios públicos, el Estado tiene como responsabilidad
lograr que el mercado logre una mayor eficiencia mediante la reducción
de los costos de transacción en las negociaciones.
Pero el empleo de los costos de transacción para economizar es un
concepto perverso en los que los costos y beneficios adscritos a
las formas alternativas de organización necesitan ser trabajados
en forma individual y comparativamente. En este sentido, los altos
costos de transacción resultan inherentemente más difíciles para
organizar. Un ejemplo es el caso de la provisión de servicios públicos
como resultado de las relaciones contractuales entre el gobierno
local y las organizaciones voluntarias con fines no lucrativos (OVFNLs)
Estas organizaciones pueden operar en las diferentes localidades
con algunas variaciones tanto en los términos de las formas contractuales.
Además, los consecuentes costos de transacción involucrados en su
gobernabilidad y desde el punto de vista de los procesos contractuales
implicados en su administración. Los costos de transacción que incluyen
la adquisición de información, lograr los acuerdos y los costos
de monitoreo y la aplicación legal de los acuerdos alcanzados. Los
"costos de transacción" resultan de una interpretación subjetiva
de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos.
Los costos de transacción son los cálculos de los costos para hacer
y mantener los acuerdos, cuyos resultados permiten preferir una
forma de gobernabilidad determinada por sobre otra. El imperio absoluto
del mercado como la única forma de gobernabilidad congela el orden
de cosas existente, descalifica y censura toda alternativa posible.
La gobernabilidad puede obtenerse mediante la construcción de asociaciones
entre los diferentes sectores económicos de una sociedad.
Al nivel de políticas públicas, investigaciones sobre las organizaciones
de seguridad social del sector público, éstas contribuyen a reducir
los costos de transacción de las empresas privadas que prestan sus
servicios de seguridad en las zonas rurales, a pesar de haber cierta
tendencia hacia el incremento de los costos burocráticos de las
empresas. Además, el tradicional sector campesino está declinando
como resultado que el campesinado se orienta más a la obtención
de salarios en fuentes de ingresos y a su migración a las ciudades.
Por tanto, la naturaleza excluyente de la transformación económica
de la agricultura latinoamericana ha incrementado el empobrecimiento
de la población rural y acelerado la migración del pobre rural a
las ciudades en busca de empleo.
El incremento de la agricultura en Latinoamérica en el sistema económico
capitalista global ha beneficiado solamente una minoría privilegiada
de la población rural mientras que el campesinado ha sido excluido
de los beneficios. Por tanto, la naturaleza excluyente de la transformación
económica de la agricultura latinoamericana ha incrementado el empobrecimiento
de la población rural y acelerado la migración del pobre rural a
las ciudades en busca de empleo. Otras alternativas consideran posibles
esquemas de cooperación entre las autoridades públicas y las organizaciones
privadas para establecer mecanismos de sistemas de seguridad social
en los países menos desarrollados. Esto mediante la promoción de
asociacionismo entre el Estado, el mercado y las organizaciones
basadas en los miembros (Jütting, 1999) Igualmente importante es
el papel que desempeña el mecanismo coordinador empleado por las
autoridades locales tanto en la administración de los procesos como
en los resultados de la entrega de los servicios por una tercera
institución (Osborne, 1997: 318)
Hay que considerar que las autoridades locales pueden estar legitimadas
por provenir de un proceso electoral democrático o pueden ser autoridades
nominadas por los primeros y a la confusión de los diferentes papeles
que tienen como agentes y administradores y como propietarios o
principales en la provisión de los servicios públicos. En este sentido,
el argumento de Santa-Ana (2000) es certero: "De lo que sí estamos
seguros, las instituciones u organizaciones estatales o municipales
son de la ciudadanía y, ellas a través del sufragio universal, público
y secreto eligen a los gobernantes para que administren los Servicios
Públicos o nominen a los Administradores, les representen y lleven
a cabo el proyecto de construcción de la sociedad que desean".
Los servicios públicos han sido cuestionados para responder a las
innovaciones del cambio. Importantes cambios se manifiestan en la
naturaleza de la experiencia administrativa, los modelos de Estado
y provisión de los servicios públicos, temas clave de la innovación
de la agenda, y las técnicas y procesos administrativos que ayudan
a la innovación de la administración de servicios públicos. El cuestionamiento
también resulta de la inhabilidad de los oficiales administrativos
para adaptarse a los cambios en su entorno, notablemente su inhabilidad
para responder a ciertos nuevos retos.
Desde la década de los ochenta, los servicios públicos están siendo
más orientados al consumidor, impactados por numerosos cambios entre
los que se incluyen: la introducción de administradores y de prácticas
administrativas, la sujeción de profesionales a la supervisión administrativa,
un uso más amplio de contratos para manejar los servicios públicos
y el crecimiento de una economía mixta, un mejor manejo de los presupuestos,
intentos para otorgar poder a los ciudadanos y a los usuarios de
los servicios públicos, desarrollos en trabajo interagencia y experimentos
en sociedades públicas-privadas, incremento del control por el gobierno
central en algunas áreas, la emergencia regional unida a la administración
central del gobierno, etc. El centralismo favorece el desarrollo
de algunas regiones a costa de otras. De acuerdo con Joyce (1998),
los "nuevos servicios públicos" implican mejores apoyos entre sí
y menos de provisión directa.
El consumismo se ha convertido en un ideal poderoso aunque los consumidores
todavía tienen poca influencia en el diseño y evaluación de los
servicios públicos. El consumismo es en sí mismo una corriente antidemocrática
porque presenta a la elección como un fin en sí mismo más que un
medio para la negociación política de fines. En muchas organizaciones
de servicios públicos se está dando un pensamiento imaginativo acerca
de los nuevos estilos de servicios para el público, así como maneras
innovadoras para ayudar a producir soluciones a los problemas de
la comunidad, lo cual requiere de un nuevo tipo de administración
pública que sustituya a las formas burocráticas. La racionalidad
mercantil y la rivalidad partisana son dos factores que enfatizan
el déficit ético en la administración pública. Los procesos de globalización
presionan al Estado para una redefinición de sus funciones mediante
la urgencia de una reforma a la administración pública.
Cierto grado de banalidad partisana está siendo la regla en las
administraciones, de tal forma que una carrera administrativa depende
de ser más partisano que de la competencia, parece moralmente inaceptable
y en cualquier caso contrario a la ética administrativa, principalmente
en países con status de servicio público combinado con un código
de ética. Cualquiera que sea el tipo de control solamente tiene
que ver con las funciones del oficial administrativa que se relaciona
con esa ética, porque no todas las obligaciones de los oficiales
caen dentro de este campo.
La carrera administrativa es un medio para influir en el comportamiento
y en el desempeño de los servidores públicos. No obstante, es la
fe de los servidores públicos en el logro del fin último lo que
delimita la ética de la administración moderna Cualquiera que sea
el tipo de control solamente tiene que ver con las funciones del
oficial administrativa que se relaciona con esa ética, porque no
todas las obligaciones de los oficiales caen dentro de este campo.Un
segundo factor en el déficit ético en las administraciones es el
involucramiento en los partidos políticos que compiten entre sí
por el poder. La administración es usada como un instrumento a través
de representantes electos en posiciones de poder dentro de las autoridades
locales y a través de las personas en sus diferentes posiciones
de poder a nivel central.
Este nuevo tipo de administración pública requiere de servidores
públicos con mayor estabilidad, continuidad, capitalizadores de
experiencias y menos sujetos a los vaivenes y desfortunas políticas.
La forma en que esto puede lograrse es a través de la implementación
del servicio civil de carrera que de manera efectiva alcancen los
objetivos de las políticas públicas. En una cultura administrativa,
el profesionalismo es un valor superior, un valor universal, porque
encapsula otros valores, tales como la lealtad, integridad, neutralidad,
transparencia, asiduidad, puntualidad, eficiencia e imparcialidad.
El control judicial de la ética implica la verificación de la conformidad
de las acciones y las conductas de los oficiales públicos con referencia
a los valores tales como la probidad, desinterés, neutralidad e
imparcialidad. Cualquiera que sea el tipo de control solamente tiene
que ver con las funciones del oficial administrativo que se relaciona
con esa ética, porque no todas las obligaciones de los oficiales
caen dentro de este campo.La administración actúa como un juez que
asegura el cumplimiento con los valores que forman la ética de la
administración y que puntualizan el servicio público.
Los administradores de los servicios públicos reconocen la importancia
del logro de estándares de calidad de los servicios, los que evalúan
en forma más crítica, considerando que existen sanciones por falta
de desempeño. Se puede constatar en la mayoría de los países que
los logros en materia de calidad y equidad en la prestación de servicios
públicos es deficiente. En el acercamiento tradicional, la falta
de una conducta ética que va de la mano con el castigo al oficial
público por la falla de cumplir sus obligaciones Hasta ahora, los
servicios públicos han estado fuertemente influidos por los profesionales
y luego por las fuerzas del mercado. El profesionalismo es considerado
un valor en referencia a estándares de conducta y prácticas que
van más allá de las competencias técnicas y la experiencia para
incluir conceptos tales como la conciencia profesional, la pasión
por la excelencia y la auto negación.
Estos valores inclusivos combinados con la competencia técnica de
los servidores públicos, permiten a la administración lograr su
último objetivo que es salvaguardar el interés general a través
de un servicio igualitario y no discriminatorio al público en general.
Para este propósito, la competencia técnica tiene que ser parte
del molde que favorezca el espíritu del cuerpo entre los servidores
públicos sino que también induzca una ética de servicio público,
la cual no puede darse por sí misma. (Kampto, 1997).
Consecuentemente, lograr efectivamente la misión del servicio público
es el factor determinante en el desarrollo profesional del servidor
público. Además, el servidor público es visto como una encarnación
del Estado y sus acciones y comportamientos son siempre importantes
para otros ciudadanos. En cualquier caso, no tendrán que ser asimilados
por cada servidor público contra un criterio contra el cual juzgar
su conducta en pena de sufrir las consecuencias de cualquier situación.
La declinación en profesionalismo en la mayoría de los sistemas
administrativos se debe precisamente a las desviaciones de los valores
con la racionalidad de servicio público.
En un futuro, los servicios públicos estarán más influenciados por
los políticos y por el público. Consecuentemente, la administración
innovadora de los servicios públicos estará asociada con un mayor
involucramiento de los usuarios en el establecimiento de direcciones
y prioridades. Así como, en la entrega de los servicios mediante
el otorgamiento de poder al usuario, en una evaluación del servicio,
así como con innovaciones a través de asociaciones con las comunidades
locales y otras organizaciones de servicios públicos. Con la descentralización,
los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración
de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades
de las localidades Un nuevo papel para muchas autoridades locales
emerge donde el público es servido a través de actividades de solución
de problemas mas que una simple entrega de servicios (José, 1998)
José Gpe. Vargas Hernández, M.B.A.; Ph.D.
Centro Universitario del Sur
Universidad de Guadalajara
E-mail: jvargas@cusur.udg.mx
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